Resumen
El presente trabajo expone que en las últimas dos décadas la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha promovido al turismo sustentable como un vehículo para el crecimiento y desarrollo de países emergentes, sobre todo para la disminución de la pobreza en localidades rurales. Ha establecido una relación entre el turismo y la innovación, siendo el nodo de conexión entre ambos la “economía naranja”. Además, el turismo comparte agenda con otros fenómenos como la migración, el cambio climático, la cultura y equidad, lo cual es visible a partir de la Agenda 2030. Por ello, el gobierno de México, a través de su Plan de Desarrollo Nacional, el Regional y el Sectorial, ha establecido una directa alineación a ésta, considerando al sector turístico como herramienta para mitigar y cooperar en la consecución de los compromisos. No obstante, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Turismo, reconoce, basado en el reporte global (2018) de Adventure Travel Trade Association (ATTA) y la Organización Mundial de Turismo (OMT) que en el modelo de turismo tradicional el 80% del gasto del turista va a los consorcios extranjeros y nacionales, quienes se quedan con la mayor parte del ingreso que genera el turismo en México; además de que el turismo masivo se concentra en pocos lugares, provocando impactos ambientales severos y problemas como la exclusión, o en su caso, la falta de atención y consulta de las comunidades indígenas y locales que pertenecen a dichos territorios, y peor aún, la proliferación de negocios con trata de personas y explotación sexual y laboral infantil, de lo que poco se habla, pero es una realidad. El presente estudio confirma que, lejos de alcanzarse las metas de los objetivos de desarrollo sostenible involucrados en este rubro, el turismo en México llega a ser económicamente injusto; ambientalmente irresponsable y socialmente excluyente, situación que la Secretaría de Turismo admite abiertamente y frente a ello ha diseñado estrategias a través de una gobernanza colaborativa con instancias de Gobierno, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y alianzas con las empresas turísticas, instancias multilaterales y de cooperación internacional; la academia e inversionistas.
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