Resumen
Las recientes reformas al marco jurídico federal para el establecimiento de grandes proyectos de energía renovable en México, incluyendo la Ley de Industria Eléctrica, y su normatividad reglamentaria, ha generado tensiones socio jurídicas que reflejan un colonialismo jurídico. Esta investigación visibiliza el caso de las fallas del mecanismo de evaluación de impacto social, que convierte veladamente, pero de facto, al Estado en un facilitador de la inversión al entorpecer la participación efectiva de las comunidades receptoras, muchas de ellas indígenas, de tales proyectos. A través de un análisis deconstructivo neo-constitucional se revisa dicho esquema jurídico desde una teoría jurídica basada en los conceptos de la llamada democracia energética.
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