Abstract
México está en un momento de transformación de los paradigmas jurídicos imperantes con un proceso de centralización jurídica que implica la atención de nuevos temas, que exigen la atención de fenómenos hasta ahora inatendidos y que por la experiencia de otras latitudes pueden ser enriquecidos, a fin de alcanzar la protección plena y garantía de los derechos humanos contenidos en el texto constitucional.
La pluralidad de órdenes normativos sustantivos en materia penal y la existencia de un solo orden adjetivo lleva a problemas de aplicación que trastocan los principios exigibles en toda sentencia judicial, lo que a la larga provocará impunidad al existir violaciones al debido proceso al momento de sentencias sin la motivación adecuada o en su caso provocará la elusión del derecho al ejecutar actos ilícitos en los territorios donde las sanciones sean inexistentes o en su caso sean más benignas a los responsables del injusto penal.
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